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Sin conocerse aún alcances de la masacre de Allende

La investigación oficial es insuficiente y no considera lo que habría ocurrido en municipios vecinos; también insuficiente el trabajo de Comisiones de Atención a Víctimas y de Derechos Humanos

Sin conocerse aún alcances de la masacre de Allende
10/Octubre 11:53 hrs
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El Colegio de México presentó los resultados de la investigación independiente sobre las masacres en San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, coordinada por el académico Sergio Aguayo.
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Saltillo, Coah.- Es desconocido el costo humano real de las represalias que se tomaron en marzo de 2011 en el norte de Coahuila contra las familias de tres integrantes de los Zetas a los que se acusó de haberlos traicionado colaborando con las autoridades estadounidenses en investigaciones.

Aunque hay la hipótesis de una tragedia mucho más amplia, geográfica y temporalmente, que podría haber alcanzado además de Allende otros municipios como Múzquiz, Nava, Piedras Negras y Zaragoza, y que se habría extendido por más de un año, la investigación oficial es insuficiente.

“Eso impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparación”, establece la conclusión de la investigación independiente realizada por el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, bajo el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En el informe “En el desamparo: La investigación sobre las tragedias de San Fernando, Tamaulipas, y Allende, Coahuila, se señala:

“Una versión muy extendida es que en Allende desaparecieron 300 personas. Es posible que así sea, pero el expediente de la Procuraduría de Justicia del Estado sólo tiene información sobre 42 desaparecidos de Allende en un periodo de 14 meses”.

El periodo comprende de enero de 2011 a agosto de 2012.

Miguel y Omar Treviño Morales controlaban Allende desde Piedras Negras, ellos creían que había tres traidores en su organización, Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y Luis Garza Gaytán, que estaban colaborando con las autoridades estadounidenses y los responsabilizaban de haberse llevado entre 5 y 10 millones de dólares de la ganancia obtenida por el tráfico de drogas.

Garza vivía en Allende y los Zetas ocuparon el poblado el fin de semana que empezó el 18 de marzo. Para castigar su deslealtad desaparecieron a 26 personas: 20 familiares y allegados de Garza; 3 amigos de Cuéllar y 2 trabajadores de Héctor Moreno. También destruyeron 32 casas y 2 ranchos.

Los 20 efectivos de la policía municipal fueron instruidos para no salir a patrullar ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran y levantar a cualquiera de apellido Garza para entregarlo a los Zetas.

“El expediente que nos entregó la Fiscalía tiene las virtudes y defectos comunes en el sistema judicial mexicano”, se lee en el informe, “su soporte principal son las declaraciones y quienes interrogan no tienen interés en entender el contexto y la causalidad del hecho. Lo único que les importa es encontrar declaraciones inculpatorias.

“Hay poquísima investigación que valide la veracidad o falsedad de lo dicho. Eso impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparación”.

Hacen ver que si en Allende castigaron a los Garza, se desconocen las represalias contra los familiares de Cuéllar y Moreno Villanueva, pero además se ha establecido que la operación duró bastante tiempo, pues un año después, en marzo de 2102, sicarios y policías detuvieron y desaparecieron en Allende a una pareja y sus dos hijos, un niño de seis años y un bebe de meses.

Hay la hipótesis de una tragedia mucho más amplia, geográfica y temporalmente, de acuerdo con investigaciones periodísticas, de los diarios San Antonio Express News y The Dallas Morning News, y otros medios de comunicación.

“De hecho, el expediente menciona de pasada posibles hechos de violencia en otros municipios (Múzquiz, Nava, Piedras Negras y Zaragoza). En esta investigación no tuvimos tiempo para seguir esas pistas”, dicen los investigadores del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

En el informe se indica textualmente: “En tanto no establezcamos con mayor precisión lo que sucedió en esa y otras regiones de la entidad, seguiremos desconociendo el costo humano de unas represalias que por ahora se asocian solamente con Allende. Esa ambigüedad alimenta la idea de que hubo 300 desaparecidos en Allende”.

Los autores del estadio también señalan que la primera mención a 300 víctimas fue en una declaración hecha en 2013 por Héctor Moreno Villanueva en un juzgado de Estados Unidos, y además de desconocerse los motivos de Moreno para dar ese número, tampoco se puede conocer lo que sabe, al ser testigo protegido de la DEA.

“Este hecho conduce a una avenida muy poco explorada. La opacidad de Estados Unidos obstaculiza el acercamiento a la verdad”, se apunta.

Los investigadores, coordinados por Sergio Aguayo, señalan que cuando ocurren violaciones a los derechos humanos, se deben establecer los hechos para contribuir a que se haga justicia y se reparen los daños causados, y para cumplir con esas tareas una pieza clave son acercamientos rigurosos a la verdad.

“Hay un gran obstáculo: el entramado institucional y judicial mexicano no fue diseñado para buscar la verdad y le cuesta trabajo incorporar esta perspectiva”, se lee en otra parte del estudio recién presentado.

En relación al expediente de la investigación realizada por la Procuraduría de Justicia, se señala en el informe: “Deja la impresión de que Allende es una república independiente. Casi no hay menciones a otras partes del estado y carece de un análisis del contexto en el que ocurrieron las desapariciones y de los patrones sistémicos”.

Y se reitera: “Tampoco se refleja el interés por relacionar Allende con otros municipios. El expediente se centra en las represalias contra Garza sin referirse a lo que seguramente hicieron los Zetas en los municipios aledaños para castigar a Cuéllar y Moreno.

“Esta falta de interés por la verdad y el afán de dar por cerrado el asunto tal vez influyan en la insistencia del Gobierno de Coahuila a las familias y a sus representantes –de este y otros casos– de que los desaparecidos están muertos y que los perpetradores también están muertos o encarcelados. Una contradicción no resuelta es que en el expediente de la Procuraduría reciben el trato de secuestro calificado”.

Los autores señalan que el trabajo realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila es escaso.

“La labor de ambas instituciones es inadecuada para la magnitud del problema”, se afirma.

En las conclusiones señalan que, aunque en menor medida que en San Fernando, las víctimas de Allende no recibieron el trato adecuado de los gobiernos de los estados, aunque hay un reconocimiento.

“En Coahuila, Rubén Moreira ha sentado las bases de una mejor política y, como permanecerá en el cargo hasta finales de 2017, tendría tiempo para acelerar los trabajos y consolidar una política bien intencionada, pero todavía no consolidada”, se agrega.

Finalmente se señala que el sistema de atención a víctimas del Estado mexicano necesita una reestructuración a profundidad que responda con seriedad al reto planteado por la multiplicación de las víctimas. Ello exige, entre otros requisitos, mejorar la empatía y los canales de comunicación entre Estado y sociedad.


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